Humedales en peligro

Un humedal es agua dulce. Es biodiversidad. Y brinda un servicio ambiental único como es la regulación de inundaciones. Por eso, debe ser protegido. Pero también es terreno barato que puede ser ganado al río para todo tipo de actividades económicas. Y como tal, quiere ser explotado. Proteger y explotar en simultáneo un mismo espacio resulta tan difícil como sancionar una ley de humedales.

*Este texto fue realizado en el marco del taller Caja de herramientas para periodistas, dictado por Silvina Heguy.
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Por Elisabeth Möhle (@elimohle)

Las casas bajas al borde del Río Luján conviven con la amenaza constante y segura de que la próxima inundación puede llegar en cualquier momento. La posibilidad de cambiar ese destino en noviembre del año pasado se debatió a 60 kilómetros, en el Congreso argentino cuando se trató la ley de humedales. Mientras el debate comenzaba en el Barrio Carabassa, en Pilar, con su casa preparada para soportar la crecida del agua en cualquier momento, Julia y Antonio —los nombres están cambiados a pedido de ellos— crían a su hija de pocos meses.

“Vivimos acá desde el 90 y nos inundamos en el 93, en el 2000 y en el 2007. A partir de ese año, que fue cuando notamos que hubo más emprendimientos inmobiliarios, ahí empezó a llegar el agua todos los años. Lo peor es saber que nos vamos a seguir inundando”, dice Julia con la bebé en brazos.

En un humedal el agua y la tierra conviven para producir ecosistemas únicos donde habita una gran diversidad de plantas y animales y, debido a su enorme capacidad de absorción, es un factor clave en la regulación natural de las inundaciones.
De la conservación de los humedales depende una importante parte de la provisión nacional de agua dulce, alimentos y la mitigación de los efectos del cambio climático, como las crecidas de los ríos. Según un informe del Banco Mundial, paliar los daños producidos por inundaciones ya le cuesta al país más de un 0,60% de lo que produce la Argentina.

Cerca de un cuarto de la superficie argentina está cubierta por humedales. Sesenta millones de hectáreas, casi dos veces la superficie de la Provincia de Buenos Aires. Abundan sobre todo en el noreste, cerca de la Cuenca del Plata, pero también en zonas más áridas como la Puna o la estepa patagónica. En todos estos lugares, el avance de la actividad agropecuaria, la minería y los proyectos inmobiliarios de las últimas décadas tuvieron efectos devastadores sobre los humedales.

Mientras muestra las compuertas que le ayudó a construir su padre en las paredes, Antonio explica que “el problema más grande que tenemos es el barrio San Sebastián. Ese emprendimiento es el que ocupa una mayor parte del valle de inundación. Cuando llega el agua, en vez de seguir su cauce natural, se forma como un tapón y el agua se expande. Hace como un embudo. El agua no puede subir porque está el Barrio Pilará y Estancias del Pilar. Entonces se queda acá”.

Desde el año 1991, cuando la Argentina ratificó la adhesión a la Convención Internacional de Humedales, la protección de estos ecosistemas comenzó a ser discutida. Aparecieron las organizaciones socioambientales, las agrupaciones vecinales y los espacios académicos que reclaman la protección de los humedales. Estos grupos lograron llamar la atención de algunos medios y legisladores, pero aún no se logró la sanción de una ley de alcance nacional para proteger estos ecosistemas.

El primer proyecto de ley apareció en el 2013: Presupuestos Mínimos para la Conservación, Gestión y Uso Sustentable y Racional de los Humedales. El proyecto era promovido por los senadores Rubén Giustiniani por Santa Fe y del Partido Socialista y Elsa Ruíz Díaz, por Entre Ríos y del Frente para la Victoria. La iniciativa obtuvo media sanción en el Senado, pero perdió estado parlamentario en diciembre de 2015 porque no se trató en la Cámara Baja.

“A los emprendimientos no se les inunda porque tienen diques. Tienen seis metros de tierra más alto que nosotros. Entonces el agua no llega, no pasa, no tiene dónde seguir, y se queda acá. En una reunión los vecinos contaron que cuando estábamos nosotros inundados, en los barrios cerrados tenían bombas arroceras sacando el agua de las canchas de golf y tirándola para acá. Nosotros estábamos con el agua al cuello, y ellos jugando  al golf”, relata Antonio sobre una de las inundaciones más recientes.

Pocos meses después de asumir la presidencia, en febrero de 2016, Mauricio Macri visitó la Reserva del Pilar. Allí prometió la pronta sanción de una ley para limitar las actividades en humedales: “Tenemos que cuidar esto que es tan valioso para nuestro país, desde la Laguna de los Pozuelos en Jujuy, pasando por los Esteros del Iberá, por el Palmar Yatay en Entre Ríos, la reserva de la Costanera Sur hasta la Península de Valdés”.

Frente a las insistentes consultas de las organizaciones ambientalistas, a mitad de año, desde el Gobierno se sostenía que ya había un proyecto confeccionado en consenso de seis ministerios, y que al texto solo le faltaba la revisión en la jefatura de gabinete.

Pero el único proyecto que apareció en el Congreso fue el que se reflotó en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Con los senadores Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur, CABA); Teresita Luna (PJ-FPV, La Rioja); Magdalena Odarda (CC-ARI, Rio Negro); Jaime Linares (GEN, Buenos Aires); Sigrid Elisabeth Kunath (FPV, Entre Ríos); Sandra Giménez (FPV, Misiones) y Ruperto Godoy (FPV, San Juan) a la cabeza, se presentó un nuevo proyecto de consenso. El documento fue elaborado a lo largo de doce reuniones y dos audiencias públicas de las que participaron especialistas de universidades nacionales, investigadores, representantes de instituciones gubernamentales y un amplio espectro de organizaciones y movimientos sociales. De esta forma, contaba con el amplio apoyo de  todos estos espacios. Y el 20 de septiembre, 16 senadores firmaron el dictamen de mayoría.

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El tratamiento del dictamen en el recinto fue retrasado por varios mecanismos: se sumó fuera de término a la Comisión de Agricultura, encabezada por el senador entrerriano Alfredo De Angeli, del PRO; y se dilató la asignación de Orden del Día. A tal punto que a fines de octubre, Solanas envió una carta a los senadores denunciando las maniobras y exigiendo el tratamiento inmediato del proyecto.

La denuncia logró que se pusiera una fecha para el tratamiento de la ley. Pero no sin que la Comisión de De Angeli presentara un dictamen de minoría, firmado por tres senadores, muy diferente al propuesto por Ambiente.

El proyecto de mayoría proponía un ordenamiento territorial de humedales para posibilitar la protección de esos ecosistemas, con el objetivo de resguardar la biodiversidad, aliviar las inundaciones y proveer agua potable. Uno de los puntos clave, y más polémicos, era una moratoria que impedía el inicio y la continuidad de obras que implicara cambios en los usos del suelo mientras se realizara el ordenamiento.

Según el análisis de expertos de Greenpeace, la propuesta del senador entrerriano, en vez de proteger los humedales, promueve las actividades productivas y mecanismos cuestionables; como permitir impactos significativos que luego pueden ser compensados en ecosistemas equivalentes. Además, no menciona una moratoria a las actividades económicas que signifiquen cambios en los usos del suelo hasta que se realice el inventario.

“Los emprendimientos inmobiliarios dependen del Municipio de Pilar y Escobar. Las autorizaciones las tiene que dar la provincia y la Autoridad del Agua (ADA), pero vos vas a uno y te dicen que es obligación del otro. Desde los municipios dicen que no pueden hacer nada porque es responsabilidad de la provincia”, dice Julia sentada en una silla que, como todo en esta casa, es de un material que no se arruina con el agua.

Desde el despacho de De Angeli sostienen que el senador quiere lograr una ley amplia e integral que responda al mandato que él tiene como representante de la provincia de Entre Ríos. Que el problema no estaría en que la ley vuelva a perder estado parlamentario, sino en que se sancione una ley que no respete la soberanía de las provincias en el aprovechamiento de sus recursos. Señalan también que se alinean detrás de la postura expresada por el senador Luenzo en la sesión del 23 de noviembre. Y culpan a “los senadores que no quieren aceptar ningún cambio” de que no se haya podido tratar la ley.

Públicamente, De Angeli prometió trabajar por la mejor ley de humedales posible y explicó que la situación es compleja y no permite sanciones apresuradas. Dijo que de aprobarse la ley tal cual salió de la comisión de ambiente, la producción de Entre Ríos debería replantearse en varias zonas, y que grandes obras como el Puente Rosario-Victoria se verían cuestionadas.

En la misma línea, la Coordinadora de Entidades Productivas de Corrientes advirtió que la sanción de la ley podría afectar fuertemente la producción en la provincia. Desde la Coordinadora se critica la excesiva restrictividad y el carácter prohibicionista planteada en el proyecto y el impacto negativo sobre los actuales y potenciales proyectos productivos y de infraestructura.

“En la última inundación que tuvimos, ni siquiera vino Defensa Civil. Eran las primarias y no se sabía quién había ganado la intendencia de Pilar. Estaban en esa pelea y acá no apareció nadie para cumplir el protocolo de emergencia. Los bomberos llegaron cuando ya estábamos todos autoevacuados. Solo vinieron los candidatos a sacarse fotos en el barro”, sigue Julia.

Días antes del tratamiento en el recinto el Secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno, fue consultado por Télam acerca de esta ley. Moreno admitió que la ley que defiende De Angeli, en representación de la alianza gobernante Cambiemos, no refleja totalmente el nivel de protección que el Ministerio de Ambiente considera necesario. Pero igual el Ministro no envió un proyecto propio, ni se expidió públicamente acerca de lo que sucedió en el Congreso.

Para él, los puntos claves que deberían estar contemplados en la ley son los siguientes:

  1. Que el Ejecutivo Nacional sea el encargado de hacer el inventario de humedales.
  2. Que cada provincia defina su ordenamiento territorial, qué humedales se pueden aprovechar de manera productiva y cuáles deben ser mantenidos intactos, en base al inventario.
  3. Que haya participación ciudadana, liderada por la autoridad de aplicación en cada distrito.
  4. Que se establezca el tipo de actividades permitidas y prohibidas en cada una de las categorías de humedales.

El miércoles 23 de noviembre, finalmente tocaba tratar la ley en el recinto. Pero no se dio debate porque el senador Alfredo Luenzo (Chubut, Chubut Somos Todos), cuya firma consta en el dictamen de mayoría, pidió que se vote la vuelta del proyecto a comisiones. El argumento del bloque representado por Luenzo se basó en que la ley probablemente sería tratada y aprobada, pero que al llegar al artículo 19, que refiere a la moratoria de actividades sobre humedales mientras no se haya finalizado el inventario y ordenamiento territorial, un acuerdo sería imposible. Y que, sin ese artículo, la ley perdería sentido. La votación resultó 42 a 14 y volvió a la comisión. A sabiendas de que, de no ser tratada, el 30 de noviembre la ley volvería a perder estado parlamentario.

En la sesión, y en respuesta a los cuestionamientos, Solanas aseguró que durante esa semana se realizaron varias modificaciones a pedido de los senadores. Y respondió a las preocupaciones en cuanto a la jurisdicción provincial diciendo que el proyecto siempre planteó que el ordenamiento territorial será realizado por las autoridades provinciales. Antes de terminar, levantó sospechas acerca de si los argumentos eran realmente una intención de más debate en la búsqueda de un consenso más profundo o si los senadores ni siquiera habían leído el proyecto y estaban confundiendo términos o directamente representando otros intereses.

El senador se preguntó, “¿cuál es el rol del Parlamento si no puede plantear una ley de presupuestos mínimos?” y se refirió a las solicitadas de las organizaciones de comercio y producción que habían aparecido los días anteriores al debate. “¿Le van a marcar ellas al Congreso Nacional si puede o no dictar leyes de presupuestos mínimos en la era del calentamiento global?”, cuestionó.

Para entender qué es lo que frena una ley aparentemente lógica e inofensiva, como siempre hay que mirar hacia quién se beneficia por la desregulación. Las principales resistencias a la protección de los humedales provienen de las provincias con proyectos mineros y sojeros, ya que la implementación significaría limitaciones a los terrenos susceptibles de ser explotados por estas actividades.

Descreídos de la voluntad política de proteger al barrio de futuras inundaciones, Julia y Antonio dicen que hacer obras contra las inundaciones le dicen a limpiar el arroyo que pasa por acá atrás. Pero volvió a ser lo mismo. Hacen eso para que la gente diga ‘mirá, están haciendo algo’. Después salieron con una nota de que por las obras la gente no se había inundado más. Pero el río sólo se había desbordado 40 milímetros. Nosotros nos inundamos con 180 milímetros”.

Según el Presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y asesor de Solanas, Enrique Viale, uno de los principales detractores de que exista una ley de humedales es la especulación inmobiliaria. “Porque se construye sobre humedales. Se rellenan y el humedal pierde capacidad de absorción”. La regulación de la actividad económica en los humedales, “le molesta fundamentalmente a la especulación inmobiliaria del Delta bonaerense, del Litoral y también a algunos productores sojeros que pretenden seguir destruyendo humedales para plantas soja”, prosigue Viale, “pero la especulación inmobiliaria es el principal detractor. Algo que mueve miles de millones de dólares. Un lobbista muy silencioso”.

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“La primera vez nos inundamos 20 centímetros, llegamos a levantar las cosas y no pasó nada. La próxima levantamos todo medio metro y nos fuimos a dormir a la casa de mi mamá. El río creció durante la noche. Cuando volvimos al otro día estaba todo bajo agua. Esa vez perdimos todo, quedamos sin cama, sin colchones, ropero, nada, nada, nada. Hacía un par de meses que nos habíamos mudado y fue empezar otra vez de cero”, dice Antonio mostrándome las marcas que dejaron las sucesivas inundaciones.

Más allá del, más que legítimo, debate acerca de la protección de la producción alimentaria y la preservación de los puestos de trabajo, están los intereses inmobiliarios que ponen los beneficios económicos privados por sobre el bien común. Y peor aún, cuando dichos intereses son de funcionarios públicos. Una nota de Diego Genoud en Big Bang News detalla un emprendimiento inmobiliario asentado sobre tierras inundables de Villa Paranacito, en la provincia de Entre Ríos. El proyecto se llama Barrio Náutico Sagasturne y se vería claramente afectado por una ley que regula este tipo de proyectos. Uno de los nombres detrás del emprendimiento es el de Rogelio Frigerio, actual Ministro del Interior.

“La escuela del barrio se inunda. Y la salita de salud también. Está llena de humedad por eso no la quieren usar, y cuando vino gente del municipio y se la mostraron con toda la humedad y todo roto dijeron que no iban a invertir porque era una zona inundable”, dice Julia en su casa donde tiene todo -los libros, la televisión, los estantes- a más de un metro y medio del suelo.

Para que el proyecto de ley avance en el Congreso, tuvieron que aceptarse las modificaciones surgidas de negociaciones y bajo presión por la falta de tiempo. A pedido de senadores se hicieron 26 cambios en 18 de los 20 artículos del proyecto. Contra todos los pronósticos que ya habían declarado la muerte de la ley, el 30 de noviembre, en la última sesión ordinaria del año 2016, se trató. La noche anterior, la senadora María Graciela de la Rosa (PJ-FPV, Formosa) había ingresado otro dictamen de minoría. A la hora del debate había tres propuestas a tratar. El dictamen de mayoría de Solanas, y el de minoría de de la Rosa y de De Angeli.

El primero que habló fue Solanas. “En general, nos cuesta asumir los tiempos que vivimos. Nos cuesta asumir que sí, que estamos y que nos puede y nos va a tocar a nosotros, ¡y que ya nos ha tocado! ¿Qué significa que cuando se producen lluvias intensas, se inundan poblaciones enteras que antes no se inundaban? ¿Cuántas veces se inundó San Antonio de Areco? ¡Se inundó La Plata con ochenta y tantos muertos!”.

En referencia a los emprendimientos inmobiliarios prosiguió: “La modificación de los humedales o la agresión de los humedales, empujados por los proyectos de tipo inmobiliario, los barrios cerrados, los countries. Como ejemplo, recordemos que en la región del Delta y Tigre se han instalado alrededor de 240 countries náuticos y emprendimientos de diverso tipo. Tenemos 240 mil hectáreas de rellenos en la zona; y así, de seguido”.

Después levantó varios argumentos en respuesta a las preocupaciones expresadas por el resto de los senadores. Hizo hincapié en la construcción colectiva del proyecto, la incorporación de todas las modificaciones exigidas, que el texto respeta la autonomía de las provincias y que en ningún punto prohíbe actividades productivas en los humedales sino que insta a las autoridades provinciales a regularlas.

Y concluyó: “En este contexto, la protección ambiental no puede asegurarse sólo en base al cálculo financiero de costos y beneficios. El ambiente es uno de esos bienes que los mecanismos del mercado no son capaces de defender o de promover adecuadamente. Conviene evitar una concepción mágica del mercado que tiende a pensar que los problemas se resuelven solo con el crecimiento de los beneficios de las empresas o los individuos”.

Mirando el pequeño terreno detrás de su casa, Antonio recuerda la última inundación en la que levantaron todas las cosas medio metro, se llevaron la heladera y se fueron a lo de unos familiares hasta que baje el agua. Cuando volvieron al otro día, el agua había subido más de un metro. “En Pilar teníamos una ordenanza que regulaba la construcción sobre humedales. Pero en el 2015 la derogaron. De una día para el otro, sin argumentos. Entonces fuimos con las escuelas donde trabajamos al Concejo Deliberante para pedir que la pongan de vuelta, pero nos dijeron que no iba a funcionar porque es responsabilidad de de la provincia”.

El siguiente turno fue para su principal adversario, un muy preocupado De Angeli. El senador expresó los cuestionamientos desde las provincias por la pérdida de potestad sobre sus recursos naturales y acerca del carácter prohibitivo de algunos artículos. Listó varios proyectos planificados para realizarse sobre humedales y que no podrían realizarse de aplicarse el artículo 19 que proponía una moratoria mientras se realizaba el inventario. De todas formas, ese artículo ya había sido eliminado en las negociaciones previas. Cuando se lo remarcaron acusó falta de tiempo para leer el nuevo proyecto con todas las modificaciones y esgrimió el típico argumento de la vuelta a las cavernas.“Cuando voy a la zona del Delta entrerriano, donde hay pequeños productores produciendo salicáceas, que son el sauce o el álamo, y que ocupan los humedales, les dan servicio. Les dan un servicio los humedales. Son pequeños productores que han progresado, que ahora quieren comprar un auto, pero no lo pueden hacer porque no tendrán un camino. ¿También les vamos a prohibir tener un auto? ¿Van a tener que seguir a caballo o en sulky?”, dijo el senador del PRO.

En la misma línea, aún un poco más delirante, el senador por Salta Juan Carlos Romero (PJ) habló de la superestructura de alienación que se estaba viviendo en el Congreso y de los intereses internacionales. “Yo me pregunto al revés: ¿Quién tiene interés en que Argentina no tenga litio? ¡Qué sé yo! Por ahí son los grandes fabricantes de baterías; por ahí es el lobby asiático. ¿Qué no se expanda la agricultura? La ley de bosques es un ejemplo; un mal ejemplo. ¿No serán los monopolios de los países agrícolas que no quieren que hagamos más agricultura? Minería. Hay países gigantes como Canadá y otros que hacen gran minería. ¿No tendrán los grandes intereses, también interés en que nosotros no seamos un país minero? ¿No serán los productores de petróleo del Mar del Norte que hacen lobby para que estemos en contra del fracking acá? ¿Cómo será ese espejismo que vemos nosotros de la superestructura generada vaya a saber por qué intereses?”

Cuando se le pregunta por la relación entre el municipio y los emprendimientos inmobiliarios, Antonio responde “Ahora supuestamente el municipio va a dialogar y acordar con los barrios privados para ayudar a amortiguar y disminuir las inundaciones. Van a hacer que parte de los mismos countries se inunden, las canchas de golf, por ejemplo. Como corresponde. Este diálogo empezó porque los de Pilará fueron a decir que ellos estaban dispuestos. Pero cuando pregunté si podían sacar los rellenos para que el agua pueda salir, dijeron que eso lo regula la provincia. También pregunté por el San Sebastián y dijeron que contra él tendrían que ir con misiles”.

Lejos, en el debate del Congreso, hubo otras intervenciones más lúcidas. La senadora Odarda señaló algo más profundo cuando dijo que no creía que la discusión fuera un debate político. “Claro que es político -siguió-. Cuando decimos que vienen por la tierra, vienen por el agua, claro que estamos hablando de una definición política. Quizá no estamos hablando de partidismos, porque la defensa del agua, en este caso, de los humedales, nos atraviesa a todos los partidos políticos”.

También el senador Caserio intentó tener una mirada más amplia y de largo plazo ante una agenda de urgencias. “Me parece que tenemos que ser más realistas en un mundo que se deteriora día a día. ¿Qué les dejamos a los demás? Y pareciera que cualquier ley que hacemos es exagerada. ¡Miren el caso de Brasil! Todos sabemos que el día que terminen de talar el Mato Grosso va a cambiar el clima del mundo. ¡No sabemos siquiera si el planeta va a seguir resistiendo! ¿Sabe cuánta plata gastó la provincia de Córdoba y la provincia de Buenos Aires para poder arreglar el tema de las inundaciones? ¡Cientos de millones de pesos! Y se afectaron los mejores campos productivos del país por inundaciones, que justamente se dan por el deterioro del medio ambiente. ¿No vemos eso?”

“Los barrios privados están dispuestos a hacer obras. Pero nunca usan la palabra humedal. No dicen que son ellos en gran parte responsables de las inundaciones, dan otras razones, como el cambio climático. Eso está bien, pero le echan toda la culpa a eso, no hablan de relleno, ni de humedal, ni de valle de inundación, solo que llueve más y aumenta la temperatura. Como si nunca se hubiesen enterado que había un río y se modificó el ambiente” así describe la pareja lo que sucede en las reuniones a las que la municipalidad convoca a los vecinos y los representantes de los barrios cerrados para hablar del tema inundaciones.

Después de tres horas de debate, la ley se aprobó en el Senado. Las organizaciones ambientalistas consideran que, aunque no es la ley ideal, es un triunfo enorme, conscientes de que tenían en contra todo el lobby inmobiliario y del agronegocio. Aún con las modificaciones impuestas a último momento es una herramienta importante para proteger los humedales. Ahora queda esperar que la Cámara de Diputados convierta esta media sanción en ley.

Cuando Antonio llevó a sus alumnos al Concejo Deliberante de Pilar, uno de ellos les habló a los concejales: “Es muy triste ver cómo mis compañeros de la escuela, cómo mis amigos, se tienen que ir a otros lados porque no tienen dónde ir. No tienen dónde quedarse. Sus casas están arruinadas, quedan totalmente inundadas. Es terrible ver eso. Después tienen que volver, limpiar todo y hay compañeros que perdieron su casa. Por favor, quiero que hagan algo. A todos los vecinos los está afectando”. Y suplica: “Por favor, necesitamos una respuesta”.

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2 Responses

  1. Imagen de perfil de Quintana Quintana dice:

    Muy bueno el informe. De todas maneras, es una pena que habiendo un grupo de investigadores en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la UNSAM que son referentes nacionales en el tema y han colaborado en el proyecto de la Senadora Ruiz Díaz en su momento, no hayan sido consultados para expresar su opinión sobre la Ley de Humedales en su versión original (la que perdió estado parlamentario) y la actual, que se encuentra ahora en la cámara de Diputados para ser tratada. Por ejemplo, no se menciona que en la versión que cuenta con media sanción del Senado, las senadoras del NOA lograron quitar de la Ley a los salares de altura y eso tiene que ver con el tema del litio, un elemento estratégico que se encuentra en humedales de gran relevancia no solo por su biodiversidad sino también por los servicios ecosistémicos que ofrecen. Un saludo.

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