“Si es ley, no cuenten conmigo” Dilema de la libertad y el orden

El último 13 y 14 de junio de 2018 se ha conseguido en Diputados la media sanción al proyecto de ley presentado en el Congreso Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE) en la Argentina, luego de meses de movilización social, arduo debate entre distintas posturas y concepciones de diversos sectores y actores sociales que han pasado a dejar sus opiniones  y conocimientos sobre el asunto.

El enfrentamiento entre el sector de la sociedad que impulsa y apoya dicho proyecto de ley y el sector que niegan su aceptación legal, se podrían sintetizar entre quienes conciben el aborto clandestino como una realidad innegable, un asunto de emergencia y salud pública que se presenta como el factor fundamental de la mayoría de las muertes maternas en personas gestantes y que afecta específicamente a aquellas personas gestantes en situación de vulnerabilidad social al ser el sector que más riesgos corre por no tener acceso a los abortos clandestinos realizados en clínicas privadas que exigen desorbitantes sumas de dinero.

Desde el otro extremo, aquellos sectores conservadores y clericales que niegan  la situación del aborto clandestino en Argentina, sirviéndose fundamentalmente de dos concepciones: las morales provenientes de los sectores eclesiásticos, y de cierto recorte discursivo de la ciencia biológica, con la idea de que la concepción de la vida garantiza el ejercicio de los derechos de vida de los fetos o “niños por nacer”. Estas posturas terminan anteponiendo discusiones metafísicas y morales pertenecientes a creencias particulares que no otorgan soluciones ni respuestas a un problema real que sigue y seguirá existiendo: el aborto clandestino.

 Luego de una extensa jornada, horas de debate, idas y vueltas, y vigilia de un millón de personas durante toda la tarde y noche del 13 de junio y madrugada y mañana del 14, el proyecto consigue la media sanción en Diputados.

Sin embargo no tardaron en aparecer respuestas reactivas por parte de diversos actores, específicamente profesionales de la salud pública negando la práctica del aborto pensando en camino a su posible legalización. En casos más extremos hasta han llegado a plantear que “en sus clínicas el aborto se haría sin anestesia” (haciendo alusión a  la tortura de la persona gestante). Este es el caso del médico del hospital materno-infantil de  La Rioja, cuya publicación realizada en Facebook se viralizó en pocas horas,  lo que desembocó en la desafectación de dicho profesional por parte de las autoridades de Salud de La Rioja.

 Si bien ese fue el caso más extremo, la negación profesional con respecto a la práctica de interrupción de embarazo se expresó abiertamente por medio de diversas protestas y manifestaciones virtuales dentro de cierto sector de profesionales de la salud.

 En este último caso existe un posibilitador legal que los ampara: la objeción de conciencia profesional garantizada por el artículo N°6 de la ley 26.130, que establece el Régimen para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica, donde se reconoce y regula el derecho a la objeción de conciencia en los siguientes términos:

“Toda persona, ya sea médico o personal auxiliar del sistema de salud, tiene derecho a ejercer su objeción de conciencia sin consecuencia laboral alguna con respecto a las prácticas médicas enunciadas en el artículo 1ºde la presente ley. La existencia de objetores de conciencia no exime de responsabilidad, respecto de la realización de las prácticas requeridas, a las autoridades del establecimiento asistencial que corresponda, quienes están obligadas a disponer los reemplazos necesarios de manera inmediata”

De esta manera la objeción de conciencia es el incumplimiento de una obligación legal y normativa, justificando dicho incumplimiento en el daño a la conciencia y convicciones íntimas en materia  ética, moral, religiosa o filosófica de la persona que se niega a cumplir la ley o norma.

En Argentina, existe una objeción de conciencia profesional expresada en la posibilidad de negarse e intervenir en un hecho o acto (abstención) que violente su conciencia mientras no exista daños a terceros. Sin embargo, no existe objeción de conciencia institucional, es decir que, en Argentina las autoridades deben garantizar el cumplimiento de la orden aunque los profesionales se nieguen, siendo responsabilidad estatal e institucional garantizar dicho cumplimiento.

Esto expresa la tensión entre las libertades individuales y las normativas colectivas (sujeto/estructura), chocando entre dos tipos de ordenamiento diferentes, el ordenamiento interno y el ordenamiento social. La libertad de conciencia, es decir la objeción, tiene una proyección social del ordenamiento en tanto permite el incumplimiento de una obligación social, por eso se considera que el límite de la libertad de conciencia es que la misma no afecte significativamente los derechos de terceros.

Este es de hecho de especial atención, no sólo pensando en la futura posibilidad de legalizar el aborto en Argentina, aunque todavía falta que pase por el Senado, sino que es también un gran impedimento para que la ley del aborto no punible (bajo determinados causantes) siendo legal en Argentina (2007 y 2012), no pueda concretarse en la realidad.

La cantidad de objetores varía según el centro de salud, y en muchos casos los profesionales deciden en qué caso y circunstancias realizar los abortos según su libertad de conciencia. Es cierto que en varios casos el motivo que determina la negación por parte de muchos profesionales a realizar dicha práctica, bajo el justificativo de libertad de conciencia, es el miedo a la sanción y consecuencias siempre posibles de realizar abortos. La aceptación y despenalización completa de la IVE generaría menos rechazo y menos posibilidad de confusión respecto a la legalidad del aborto como práctica profesional y por lo tanto es posible que disminuya el nivel de objeción por parte de los profesionales.

De esta manera se presenta una paradoja sin salida: existe la posibilidad legal de que los profesionales se nieguen a realizar el aborto aun siendo ley y obligación social, pero el derecho de cumplimiento legal no estaría imposibilitado ya que la obligación de garantizar dicho cumplimiento es institucional y estatal, no individual. El problema radica en que son los individuos quienes conforman las instituciones. Muchas veces se dificulta e incluso obstaculiza el cumplimiento de la realización de abortos no punibles debido a la dificultad de las instituciones de contar con personal médico adecuado dispuesto a realizar dicha práctica. Incluso en varias instituciones la objeción alcanza a la mayoría de los profesionales de dichas instituciones.

Debemos saber y discutir a esta altura, que la obligatoriedad y mandato impuesto por la ley no modifica necesariamente el cambio de costumbres y prácticas sociales (aun existiendo una sanción). El mismo razonamiento aplica de manera inversa: penalizar el aborto no implica la inexistencia de abortos ni su evitabilidad. En muchos casos, la ley no modifica la costumbre a pesar del deber.

De esta manera las creencias y moral individual, tan cuestionadas como fuente de justificación para la negación a la legalización del aborto por parte de ciertos sectores conservadores influenciados por fundamentos y dogmas de la Iglesia católica, encuentra una manera de colarse y tener la posibilidad de continuar anteponiendo las creencias morales personales ante un asunto de salud pública, con la justificación de que la responsabilidad de cumplimiento es institucional y no individual, y por lo tanto pueden no acatar la ley, apelando a su libertad de conciencia.

Bajo el pretexto de libertad de conciencia existen abusos y obstaculizaciones del cumplimiento del derecho de otrxs. Lo que dificulta jurídicamente disputar creencias particulares que terminan anteponiéndose al cumplimiento de asuntos públicos y legales como garantizar el derecho al aborto.

Lo que no nos preguntamos es cómo es que se conforma y construye esa conciencia que ante el justificativo de su libertad  (las creencias, moral e ideas de un individuo)  eximen de  responsabilidad profesional a quien apela a ella.

“Con fundamentos en dogmas religiosos exclusivos de su propio credo, desde sectores conservadores institucionalizados y no institucionalizados -de culto católico principalmente-, se alienta abiertamente a médicos y médicas la objeción de conciencia en materia de aborto “(“Información sanitaria y objeción de conciencia frente al aborto”, S. Deza, p.2)

El problema recae en discusiones metafísicas, debido a que existe lugar para las creencias individuales y morales en la legislación, al eximir de responsabilidad profesional a quien apela a su libertad de conciencia (creencias) para no cumplir la ley.

Pero si bien todos estamos de acuerdo en que matar a  una persona es un acto inmoral que debe ser sancionado, no todos estamos de acuerdo  que un feto es un ser humano sujeto de derecho. Esto implica que los juicios morales sobre el aborto, como los parámetros sobre la concepción de los límites entre persona/feto se establecen convencionalmente, dependiendo de la concepción social qué es un ser humano y cuándo es sujeto de derecho.

Siguiendo las palabras de Soledad Deza (2014) la objeción de conciencia es utilizada como herramienta destinada a proteger minorías atribuladas que en el juego de mayorías veían ignoradas sus cosmovisiones. Ésta se vuelve herramienta para imponer  creencias particulares de un sector sobre el derecho de las personas gestantes.

Si bien  la disputa sobre la legalización del aborto  ha dejado en claro  la necesidad de separar la Iglesia del Estado, para que no sea la moral religiosa la que nos gobierne,  ésta termina de manera indirecta gobernando en la práctica por medio de la conciencia  sobre lo “legítimo y correcto” en la formación  ideológica y discursiva de cierto sector profesional. Es decir, la garantía de ley no exime la dominación ideológica de las minorías, ya que el origen de la formación de ideología proviene de estructuras sociales desiguales de poder.

La gran movilización y el apoyo masivo de varios sectores de la sociedad civil, incluyendo sectores de salud como la Sociedad Argentina de Medicina, la cual se declaró a favor de la despenalización del aborto, como varias universidades y facultades argentinas, y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la cual también recomendó a Argentina garantizar el aborto legal, seguro y gratuito; expresan un contexto emergente de cambio de paradigma y conciencia social en materia de salud pública. Existe un gran apoyo por parte de la sociedad civil a la despenalización del aborto en Argentina, y la necesidad de garantía y responsabilidad estatal, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Así quedó manifestado también en los universitarios egresados de medicina de la Universidad Nacional de Comahue, Neuquén, donde en el acto realizado en dicha universidad, varias graduadas y graduados recibieron su diploma con la insignia del pañuelo verde en sus manos y cuellos en apoyo al proyecto de IVE.

Es así que nuestra responsabilidad social es garantizar la posibilidad de dar garantías por medio de la ley y por medio de la transformación de los paradigmas discursivos e ideológicos que condicionan la vigencia y real cumplimiento del ordenamiento jurídico. Nuevas generaciones abrirán nuevos debates con ciertas bases parcialmente saldadas y discutidas producto de disputas y batallas anteriores a viejas y retrógradas concepciones. Debemos batallar en todos los bandos posibles, desde la ley, las costumbres y los discursos socio-culturales.

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