¿Es posible pensar un nuevo sistema carcelario?

Actualmente está viendo una revisión titulada "¿Es posible pensar un nuevo sistema carcelario?", guardada en el 30 junio, 2017 a las 2:51 pm por Lautaro Peñaflor
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¿Es posible pensar un nuevo sistema carcelario?
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Mucho escuchamos hablar a diario sobre cuestiones relacionadas a la inseguridad y a la delincuencia en todo el país, y particularmente en la Provincia de Buenos Aires. Son temas que inundan la agenda política y mediática, generando noticias de forma permanente. No obstante, en muchas ocasiones se los trata de forma sobredimensionada, exagerada o descontextualizada. Lo cierto es que es un tema que a la ciudadanía le preocupa y, en el marco de una coyuntura política regida por los principios de la posverdad y los “focus group”, los líderes de algunos espacios y otros actores, ensayan discursos relacionados con la llamada mano dura. De esa forma, se va generando una confusa trama que nada aporta al debate de cuestiones serias, que exige de forma imperativa resolverse colectivamente. En tal contexto aparecen las cárceles como parte de la supuesta solución: no faltan quienes piden a gritos el endurecimiento de las penas, peores condiciones de detención para los presos, la instauración de la pena de muerte, entre otras consignas, relacionadas con lo que algunos sectores quieren escuchar, y no con soluciones serias a un sistema que se presenta en jaque.

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En 2015, con la llegada de María Eugenia Vidal al gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se prometió una “reforma integral del sistema penitenciario”. Una de sus primeras medidas en ese marco, fue desafectar a cerca de 200 jerárquicos de establecimientos penales, en una purga que aún hoy sigue sumando despidos. Si incluimos a policías en la cuenta, llegamos al número de 500 apartados entre cárceles y comisarías. Los principales motivos estuvieron relacionados con cuestiones de connivencia, sobornos, complicidad y demás. Claro que es una medida saludable, que hace mucho tiempo esperaba ser tomada, mientras se sucedían gobiernos provinciales que nada hacían al respecto. Pero hay un punto al que debemos prestar atención. Hasta ahora, la anunciada “reforma” sólo tocó un aspecto del problema sistemático de las penitenciarías bonaerenses: la corrupción en dichos establecimientos. Debemos decir que, si bien es un buen punto de partida, combatir este único aspecto para nada es una buena meta. Porque, por más que no existan más complicidades en la relación internos- sociedad extramuros, las cárceles en la Provincia (y en toda la Argentina) arrastran un cúmulo de cuestiones que hacen que el sistema actual sea disfuncional para el conjunto. Dentro de la supuesta “reforma”, el oficialismo anunció también la creación de nuevos establecimientos penales. El proyecto de Mauricio Macri, dicen fuentes del gobierno nacional, implicará una erogación de 7500 millones de pesos. El estado provincial, por su parte, está destinando un número aún más millonario a la cuestión carcelaria. ¿Y si ese dinero se utilizara para mejorar lo que sucede adentro de las cárceles?

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Aquí llegamos a un punto central en este tema: el problema no son las pocas cárceles que hay, sino qué pasa en su interior. Es verdad que las cárceles están sobrepobladas, y que eso tiene muchas implicancias. Lugares que no son pensados para alojar presos (como gimnasios, o comisarías) pasan a serlo, los sitios de esparcimiento ya no cumplen su función, hay hacinamiento en celdas y espacios comunes, no se garantiza en condiciones compatibles con la dignidad humana el acceso a servicios esenciales como la salud y la higiene. Estas conclusiones, no sólo pueden observarse en cualquier cárcel, sino que además las ratificó el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) en su pedido de un Hábeas Corpus colectivo (herramienta jurídica expedita para reclamar por las condiciones de privación de libertad), respecto a detenidos en cárceles de la Provincia de Buenos Aires, que fue tratado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2005. En su fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación muestra su preocupación sobre la sobrepoblación carcelaria y el uso excesivo de la prisión preventiva, y reconoce estándares mínimos para las condiciones de detención de los presos en cárceles de la Provincia. Bajo este panorama, cabe concluir que nadie que transcurra años de su vida en estas condiciones, puede salir de allí con miras a reinsertarse en la sociedad.
“La cárcel es una experiencia de la que nunca se sale”, dice el maestro Jorge Luis Borges.
Claro que, además, esto se contrapone con las normas jurídicas imperantes en la materia. las cárceles deben ser “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo” de quienes en ellas residan. Lo dice textualmente nuestra Constitución Nacional. Este principio, no fue revocado en su última reforma (año 1994), oportunidad en la que se lo podría haber cambiado. Asimismo, rigen en nuestro país numerosos Tratados Internacionales, que tienen la misma importancia que la Constitución misma (dada por el Congreso de la Nación), tal y como las “Reglas Básicas para el Tratamiento de Reclusos” de la ONU, que reiteran este camino. También podemos encontrar en leyes como la 12256, de la Provincia de Buenos Aires, o la 20416 de la Nación, el claro y textual objetivo de reinserción social de quienes ingresan al sistema carcelario. Esto implica que herramientas como la posibilidad de trabajar o de educarse en la cárcel, de acceder a regímenes más flexibles cumplida cierta parte de la pena, recibir visitas, etcétera, son completamente legítimas, y están vigentes, conforme a nuestras normas jurídicas. Por otro lado, debemos mencionar que la pena de cárcel, implica la pérdida de la libertad, pero no del resto de los derechos: la dignidad, la educación, el trabajo, el acceso a la cultura, la salud, entre otros, siguen rigiendo completamente para quienes circunstancialmente están en la cárcel. Esto implica que nadie que prometa fórmulas del tipo “mano dura con delincuentes”, puede dar cumplimiento a lo prometido, al menos en el corto y mediano plazo, ya que necesitaría reformar numerosas normas jurídicas, de las más importantes del país, y que cuentan con considerable consenso de legisladores, académicos, políticos, expertos en cuestiones penales, y demás autoridades en la materia. “No cumplen ninguna de sus funciones: no previene, no repara, no cuida, no reeduca. En este contexto están las cárceles argentinas. Hay un fracaso que empuja a revisar lo que venimos haciendo. En Argentina la cárcel no sólo no es parte de la solución, sino que, además, agrava el problema. Uno podría pensar entonces que el sistema penal es un fracaso. Yo pienso que no, que el sistema penal argentino tiene éxito: es concebido para hacer daño, y logra hacer daño”, dice el abogado Jorge Halperín, especialista en Derechos Humanos y Políticas Penitenciarias, y titular de la cátedra de Derecho Penal de la UBA.

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El 60% de la población detenida en cárceles argentinas tiene entre 18 y 34 años, un 34% no completó el nivel primario y el 73% no ingresó al nivel secundario, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Información sobre Ejecución de la Pena (SNEEP). Estas cifras nos hablan a las claras de cierta “selectividad” del sistema penal: a las cárceles van a parar los sectores más pobres de la sociedad. A esto podemos sumar que más de la mitad de los internos en penitenciarías bonaerenses, están acusados o condenados por delitos contra la propiedad. Es decir, hurtos, robos, robos a mano armada, entre otros de la misma naturaleza. Analizando lo sucedido dentro de los penales, encontramos que el sistema que busca reinsertar a las personas dentro de la sociedad luego de su estadía allí, en realidad genera un efecto desocializador. Nadie que atraviese por estas condiciones de detención puede generar con éxito un plan de vida más allá de los muros. Los hábitos, los rasgos físicos, ciertos automatismos en la conducta, el resentimiento de haber pasado por una instancia sistemática de maltrato, recuerdan permanentemente al resto que esa persona pasó por una cárcel. Y ese estigma es imposible de quitarse, y aquí reside una de las razones de la gran tasa de reincidencia existente. Al respecto, Halperín explica: “La cabeza de las cárceles son fuerzas de seguridad, los psicólogos son fuerzas de seguridad, los asistentes sociales son fuerzas de seguridad… Sigue siendo la misma institución oscura, vertical y violenta. Los conflictos se resuelven en forma violenta: se da o un motín, o una huelga de hambre. El servicio penitenciario sabe cómo responder a esto: con palos largos, cascos y pecheras duras, entran al pabellón, rompen huesos, se retiran y problema solucionado. Quienes están ahí no conocen otra forma, y precisamente, son otras formas lo que hay que pensar y mostrar”. La Comisión Provincial por la Memoria, en su “Informe sobre la crueldad” del año 2016, plantea que cerca de un 60% de los internos de los establecimientos, lo están bajo el instituto de la “prisión preventiva”. Este instituto debería ser de excepción, para cuando exista peligro de fuga o riesgo de entorpecimiento de las pruebas. Aun así, se transformó en la regla, haciéndose uso y abuso de él. Quizás este aspecto tenga algo que ver con la inadmisible sobrepoblación carcelaria y sus derivados… Fernando Ávila, abogado, auxiliar en el Tribunal Oral Criminal Nº3 de Necochea, e integrante de la Asociación Pensamiento Penal, dice sobre este tema: “En las cárceles las personas pierden completamente la individualidad, pierden la posibilidad de manejar sus problemas, de hacerse cargo de ellos mismos. Hay que pedir permiso para todo, duermen cuando a alguien le parece que hay que dormir, comen cuando alguien dice que hay que comer. Esto durante muchísimos años, produce efectos profundamente desocializadores, explosivos”. La misma coyuntura que empobrece a las personas, las encierra y se encarga de que no tengan ninguna chance de prosperar. Si construimos nuevas cárceles, que sean espacios hermosos y “a estrenar”, pero trasladamos a ellos los problemas que acarreamos desde hace décadas, haciendo que en su interior sigan sucediendo las mismas cosas, ¿están bien asignados los recursos? La tasa de encierros viene aumentando sistemáticamente desde la década de los 90: en poco tiempo más, las nuevas cárceles también quedarán chicas. El fracaso del sistema es claro, y la solución no es sólo mudarse. Es mucho más profunda.

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La Asociación Pensamiento Penal es una organización del tercer sector conformada por abogados, que ofrece una amplia reflexión sobre la temática que estamos abordando. En tal sentido, su punto de vista es crítico del actual estado de cosas, pero además es propositivo. Mario Juliano, Juez del Tribunal Oral Criminal Nº1 de Necochea, y Fernando Ávila- a quien ya citamos previamente- son miembros de la Asociación, y hace varios años recorren el país hablando de la cárcel de Punta de Rieles, ubicada en las afueras de la ciudad de Montevideo, en Uruguay. ¿Cuál es la particularidad de la misma? Sin duda, ofrece un panorama completamente distinto al que estamos acostumbrados en Argentina, ya que funciona en forma similar a un pueblo o a un barrio. “Cuando uno se aproxima, ve una cárcel: muros, cercos, garitas de seguridad, ingreso con scaners, controles de vehículos muy rigurosos. Pero al ingresar, te da una sensación muy impactante: es como ingresar a un pueblo, a un barrio. Un sitio con calles, con negocios, con gente deambulando, gente estudiando, familiares compartiendo momentos, un trato completamente horizontal”, dice Juliano. Dicha cárcel funciona desde el año 2010, luego de que el Relator Oficial de la ONU para las personas privadas de la libertad realizara un informe lapidario acerca de la situación penitenciaria uruguaya. En ese momento, los tres principales partidos políticos de Uruguay realizaron un acuerdo interpartidario en materia de seguridad pública, dedicando un capítulo especial a la cuestión penitenciaria. Parte de ese trabajo, fue la adopción de este sistema poco convencional en la cárcel de Punta de Rieles. Luego de una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que Juliano y su equipo fueron a denunciar la situación de las cárceles en la Provincia de Buenos Aires, pensaron que era más productivo cambiar el eje del discurso. Así pasaron de exponer las falencias, conocidas por todos, a buscar ejemplos que funcionaran bajo otros paradigmas. Punta de Rieles alberga entre 500 y 600 condenados, y funcionan en dicha cárcel cerca de 52 emprendimientos llevados adelante por los mismos presos. Así, uno puede encontrar en el establecimiento confiterías, peluquería, casa de tatuajes, rotisería, radio, fábricas de bloques para la construcción, biblioteca, cancha de fútbol, panadería y servicio de catering, entre otros.  En tal sentido, Juliano agregó “Se jactan en Punta de Rieles, de tener una tasa de desempleo menor que la propia República del Uruguay. Los propios privados de la libertad, convertidos en emprendedores, forjando su futuro. Todos trabajan bajo laudo, respetando la remuneración, la seguridad social, las obras sociales, y los aportes jubilatorios”. Las autoridades del Penal, deben rendir cuentas en forma anual. Transversalmente opuesto a nuestro sistema, en Punta de Rieles la rendición se realiza ante una asamblea conformada por los mismos internos. En la misma, se dialoga acerca de lo realizado, de lo que no se realizó y de los proyectos para el próximo año. Pero no es la única función de dicha Asamblea: también elige a cinco compañeros, privados de su libertad, que conformarán por un año el Consejo de Administración de un Banco que funciona allí. ¿El objetivo? Financiar futuros emprendimientos. Ante un proyecto presentado por internos, la institución decide prestar al solicitante una cifra de dinero, que debe ser devuelta en forma mensual, sin intereses. El capital del Banco, se conforma con un tributo mensual que debe aportar cada local comercial. El dinero obtenido, está destinado a ser reinvertido. Además de los claros contrastes con nuestras cárceles, se debe mencionar que adentro del establecimiento no hay seguridad. La misma se encuentra afuera, e ingresa en caso de ser necesario. En tal sentido, Mario Juliano dijo: “Es como funciona en una Universidad, por ejemplo: la policía está afuera, e ingresa si hay algún problema grave que requiere su intervención. Adentro operan otras personas, con criterios e ideas completamente distintas, para que el eje del tratamiento no sea la seguridad, sino otras variantes”. En el mismo sentido, cabe mencionar que el primer director de Punta de Rieles fue un Sociólogo (y no alguien proveniente del ámbito de la seguridad). El actual director, es un maestro de escuela. Esto implica un completo alejamiento de la lógica carcelaria imperante. “Los principales garantes de que esto funcione, son los mismos privados de la libertad. Ellos conocen la diferencia entre vivir en un lugar donde se respete su dignidad, y vivir en el infierno. Hay una alianza, en los hechos, entre este sistema transformador, y quienes tienen que cumplir una condena”, explica Mario Juliano. Los resultados de esta valiosa experiencia, están a la vista. El nivel de reincidencia de quienes pasan por Punta de Rieles es de un 2%. En los años que lleva de funcionamiento, en esta cárcel hubo un solo caso de violencia grave. En las nuestras, son moneda corriente.

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“No se trató de ir a Noruega, o Suecia, lugares con idiosincrasias, culturas o economías diferentes, sino a un país que- con mucho cariño decimos- es casi una provincia nuestra, con el que compartimos cultura, historia y demás”, dijo Mario Juliano. El camino uruguayo parece utópico en nuestro país: generar un acuerdo con vocación de largo plazo entre las principales fuerzas políticas sobre cualquier tema, y específicamente sobre cuestiones penitenciarias, resulta muy difícil de imaginar. No obstante, el caso uruguayo nos marca una interesantísima línea a seguir. Debemos plantearnos una lógica distinta. Garantizar la educación, brindar instancias de instrucción en oficios, reforzar el desarrollo de actividades artísticas y académicas, no dejar en manos de las fuerzas de seguridad cuestiones para las que no están formadas, encargarse de que el vínculo con el exterior sea positivo… La lista podría ser muy larga. No basta con dedicar millonarias cifras a construir edificios nuevos. La salida de este problema requiere más reflexión y voluntad que presupuesto.
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