El sistema penal en paños menores. O por qué discutir la imputabilidad adolescente

Cuando las papas queman

 

Comencemos por una constatación banal: en Argentina, la cuestión penal juvenil reviste importancia, sólo en la medida en que se instala en la agenda pública. Es decir, sólo a raíz de un hecho policial, delictivo, o de inseguridad (generalmente grave o escabroso, léase, con víctimas fatales o sexuales) los medios periodísticos posan una lupa sobre el tema;  y cuando el victimario es un menor de edad, se activa una y otra vez la discusión sobre qué hacer con los pibes que delinquen.

Por lo general, las preguntas apuntan al Gobierno y cuestionan el accionar de la Justicia y las fuerzas de seguridad. Pero, mientras, por un lado, se alzan las voces que piden mano dura y castigos ejemplares como única solución; por otro lado, desde sectores garantistas, habitualmente se corre el foco, de la cuestión netamente penal (la responsabilidad y el castigo del delincuente) para destacar las múltiples causas del hecho tomado como fenómeno social.

Pero resulta que, aún cuando se analicen como causales o atenuantes del delito adolescente, una panoplia de fenómenos complejos, cuya extensión abarca desde el consumo de estupefacientes hasta la exclusión de los más vulnerables, nada exime al autor de un delito de la responsabilidad subjetiva sobre el mismo, máxime cuando se trata de hechos graves (vg. robo calificado, homicidio, abuso sexual agravado, o secuestro).

Lo que nunca pone sobre la mesa, es que, en rigor de verdad, hoy en día en cada provincia argentina existe, y goza de plena vigencia, el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (SRPJ). La información oficial sobre el tema escasea, y la extraoficial se desconoce, o no se difunde.

Es decir, en los debates mediáticos e incluso académicos, nunca se plantea qué pasa realmente en Argentina cuando alguien menor de edad comete un delito; qué dice la normativa, cómo debería proceder la policía, qué deciden los jueces, cómo y dónde se encierra a los pibes.

Ahora bien. A raíz del reciente y lamentable caso de Brian Aguinaco[1] el Gobierno expresó su decisión de enviar al Congreso un proyecto de ley tendiente a bajar la edad de imputabilidad los niños, de los actuales 16 años, a 14, para delitos “gravísimos”[2], lo cual desató una polémica en la que no aparece ninguna orilla visible más allá del revuelto río.

Para despejar algunas dudas, y abrir paso a una reflexión que sopese pros y contras de las alternativas en ciernes, comenzaremos por observar lo que ocurre en el conurbano bonaerense, donde mayor cantidad de delitos se denuncian, y donde mayores índices de marginalidad, exclusión y violencia social existen[3], no sin antes repasar brevemente qué dice la ley.

Cómo (no) funciona el Sistema

Habiendo suscrito, en 1989, a la Convención de los Derechos del Niño, en Argentina toda persona, desde la concepción hasta los 18 años de edad, es un niño cuyos derechos puede ejercer aun si, para ello, necesita ayuda, asesoramiento, o representación de un adulto.

Este principio, que obtuvo rango constitucional con la reforma de 1994[4], establece las pautas generales a tener en cuenta en casos de delitos cometidos por niños.

En apretado resumen: a) se debe priorizar el interés superior del niño imputado; b) el imputado debe ser juzgado por personal judicial idóneo, e incluido en instituciones especiales para niños; c) se lo debe asesorar adecuadamente respecto del proceso penal del que sea parte, sus derechos y obligaciones; d) no se le debe cercenar ningún derecho, buscando preferentemente la implementación de medidas socioeducativas, y alternativas a la privación de libertad; e) pero en caso de que la legislación así lo prescriba, y la Justicia lo considere necesario, dicha medida restrictiva de la libertad debe aplicarse en forma excepcional, como último recurso, y por el lapso más breve posible, buscando que el niño asuma la responsabilidad sobre los hechos transgresores (y probados) que se le imputen, entienda el daño causado, y se prepare para su pronta resocialización[5].

Estas pautas internacionales son recogidas en la legislación argentina en la ley Nacional de Niñez, 26.061/05, y, en Buenos Aires, desde 2005 las leyes 13298 y 13634, con sus decretos reglamentarios, definen el Sistema de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y, dentro de ello, el SRPJ.

¿Cómo se plasma esto en la realidad? Actualmente, en Buenos Aires existe el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, es decir, más de 80 juzgados, defensorías y fiscalías penales juveniles repartidos en todo el territorio, con personal idóneo para inscribir en procesos penales a niños imputables, es decir, aquellos que han alcanzado los 16 años de edad al momento de cometer un delito[6].

Por ello, ante la comisión de un delito por parte de un adolescente, el procedimiento indica que la Policía lo detenga (técnicamente, lo aprehende), lo lleve a la comisaría correspondiente, allí labren acta, y notifiquen al Juzgado competente. Informado, el Juez debe indicar a la Policía dónde alojar al niño mientras se forma el expediente e interviene un médico que observa que el pibe no tenga algún problema de salud que merezca atención.

Dadas las condiciones, el Juzgado indica la derivación, mientras comienza a investigar las razones de la detención. Se supone que en pocos días encuentra indicios para dictar, o no, la prisión preventiva, que no puede durar más de 180 días. Luego, debería dictar sentencia o absolver.

Las instituciones penales juveniles donde se aloja a los pibes de forma breve, o para que cumplan su sentencia, dependen de la Secretaría de Niñez de la provincia. En esos dispositivos, con equipos técnicos profesionales y operadores (Asistentes de Minoridad, AM) se aborda la problemática, disponiendo de diversas modalidades de tratamiento, según la Justicia disponga: desde el encierro en condiciones “de máxima seguridad” (sic), para quienes reciben condena con sentencia firme, hasta el acompañamiento en situación de libertad ambulatoria.

Ahora bien. Todo el entramado institucional descrito, posee enormes, diversas y vergonzosas falencias. Por empezar, el SRPJ bonaerense parte de grandes contrasentidos legales, ya que se rige por algunas normas recientes, democráticas, y que responden a los estándares internacionales más altos en materia de Derechos Humanos[7], pero utiliza otras leyes, al mismo tiempo, cuya promulgación es anterior al ’83, están muy atrasadas, e, incluso, son las mismas que rigen el sistema penal de adultos, lo cual desnaturaliza el sentido mismo de las pautas internacionales referidas arriba.

Algo similar ocurre en el funcionamiento de las instituciones en sí, es decir, el trabajo con los pibes. En los dispositivos provinciales, las contradicciones legales señaladas se complementan con mucha desidia, falta de recursos, pocas o ninguna competencia específica de los empleados, y un sinfín de agravantes, para dar como resultado un cóctel que desalienta al más optimista.

De hecho, cuando se recorre las instituciones del conurbano, los datos que se relevan son alarmantes: los trabajadores provinciales, a través de sus gremios, denuncian condiciones laborales deplorables; faltan insumos básicos; los adolescentes se fugan fácilmente; las drogas ingresan a granel; hay hacinamiento y superpoblación[8].

En sintonía con ese panorama, diversas asociaciones civiles encargadas de velar por el respeto de los Derechos Humanos en general, y de los niños en particular, ponen el acento en las deficiencias del SRPJ, que impactan negativamente en el ejercicio de derechos elementales de los pibes, y posibilitan, muchas veces, tratos degradantes.

Más aún, según el último informe de la Comisión Provincial de la Memoria[9], los jueces de menores abusan de la prisión preventiva, encierran pibes de forma desmedida, y luego tardan demasiado en resolver las causas, por lo que en las instituciones de detención conviven pibes de 16 con otros de 20, que, en ocasiones, correspondería que fuesen juzgados por jueces de adultos.

Para terminar de comprender semejante desaguisado, hay que considerar que el Sistema en cuestión define que, como los detenidos son niños, en las instituciones de encierro no puede trabajar personal del Servicio Penitenciario, como con los adultos presos; deben ser civiles. Porque, aunque a simple vista las instituciones penales juveniles cerradas son cárceles, bueno, en realidad, no debería ser así, porque alojan niños.

Es decir, para que quede claro: al escarbar en el asunto, se descubre que hay un tabú, un argumento que incomoda, dicho a media lengua y tragando saliva por parte de quienes entienden en el tema.

Nadie quiere asumir, en principio, que los pibes bonaerenses privados de su libertad están presos, o sea, que están siendo castigados por lo que hicieron, o se supone que hicieron. Este es, como tantos otros, un debate no resuelto por el Estado argentino.

Si se asumiera que los pibes bonaerenses mayores de 16 que delinquen (o eso presume la Justicia) están presos, al menos en forma preventiva, entonces se admitiría que su conducta supone alguna clase de peligro para sí y para terceros, por lo que deben ser bien custodiados.

Y, además, habría que admitir que quien cumpla esa función debería contar con elementos de seguridad, estar preparado física y mentalmente para desactivar motines, evitar fugas, controlar la violencia.

Bueno, dado que Argentina suscribe la normativa resumida párrafos arriba, nada de esto puede o debe ser asumido. Entonces, hacemos el famoso, y muy argentino, como si: en cárceles con rejas, portones, y cemento, y en condiciones deplorables, alojamos pibes de 16 años mezclados con los de 20, cuyo perfil no coincide con lo planteado por la normativa internacional suscrita, y que no reciben ningún tratamiento especializado. Ellos vulneran el sistema, y el sistema los vulnera a ellos.

Generalmente, pagan el pato los laburantes, que tienen que intentar cuidarlos, contenerlos, controlarlos y, en ocasiones, castigarlos y reducirlos, sin estar preparados ni tener los elementos adecuados. Muchas veces, los AM sufren golpes, puntazos, y son denigrados por los detenidos, sin poder defenderse o reaccionar, porque la situación los supera por todos lados.

Y el fuero penal hace lo propio. Juzga adolescentes siguiendo el Código Procesal Penal de adultos, porque no hemos sancionado aún uno especial para niños. También, según el caso, utiliza el Código Penal de adultos. Abusa de la prisión preventiva y demora años en dictar sentencia. E, incluso, muchos de sus miembros, jueces de trayectoria, fiscales, defensores, se niegan a estudiar para especializarse en adolescentes, porque no creen que les haga falta.

Instituciones o qué

En este contexto de incongruencias, y luego del caso Aguinaco, aparece la propuesta oficial, como un espasmo: hay que bajar la edad de imputabilidad. Y más allá de que, luego, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, agreguen que convocarán a una comisión de especialistas para la formulación del proyecto, desde la otra vereda ideológica, la propuesta es leída como una reacción de derecha, que busca, simplemente, adecuar la ley a la intención de encerrar pibes desde los 14.

Luego del primer cimbronazo, Bullrich y Garavano dieron poca información más: se supone que los pibes de 14 y 15 pasarían a ser penalmente imputables, lo que significa que podrían ser responsabilizados como consecuencia de un proceso en el que se evalúen sus actos; cuán conscientes del daño eran, al momento del delito; y si lo hicieron de forma intencional o no. Esto podría llevarlos a ser encerrados, cuando se trate de delitos gravísimos, es decir, homicidio y abuso sexual con acceso carnal.

También se supone que el proceso lo encabezaría el Fuero Penal Juvenil, que hoy existe, pero contando con instituciones y leyes nuevas, modernas y acordes  la edad de quienes se juzga.

Más allá de cuánto se crea o no en la intención oficial, lo cierto es que los delitos graves cometidos por pibes de entre 14 y 16 merecen un tratamiento adecuado, y medidas punitivas graduadas, según la gravedad del hecho. Mirar para otro lado, no es la solución.

Más aún. Por principio, si se trata de un homicidio con arma de fuego, como el que sufrió Brian Aguinaco, es difícil negar que dicho tratamiento deba implementarse en condiciones de encierro. ¿En instituciones especiales? Seguramente. ¿Donde sólo haya pibes de la misma edad? Por supuesto. Y con personal calificado, bien pago, y con recursos. Claro.

Pero también es dable considerar que no toda imputación penal implica encierro. De hecho, ni siquiera actualmente los jueces encierran a un pibe por cualquier delito. Mal que les pese a los garantistas, en Argentina nadie -y menos un chico- va preso por robar una manzana; ni siquiera por una billetera en el tren. En esos casos, todo el proceso penal se da en libertad.

Por ello, si la idea es trabajar con los pibes más chicos de modo que pueda prevenirse la comisión de delitos gravísimos, no es descabellado pensar en su imputación. La puesta en marcha del proceso penal, y la intervención de la Justicia, serían razonables, siempre que sean adecuadas a la edad del chico, y en la medida en que se trate de la comisión de delitos tipificados por el Código Penal vigente.

Incluso, la legislación penal juvenil de otros países plantea la posibilidad de trabajar sobre la reparación del daño, cuando se trata de lesiones, vandalismo, hurto o robo simple. Pareciera ser esa, una medida socioeducativa eficaz en busca de que el agresor se responsabilice por lo que hizo[10].

En definitiva, quizá sea hora de reemplazar el actual SRPJ –que, bueno es recordarlo, fue puesto en marcha por el ex gobernador Felipe Solá, como manotazo de ahogado y a empujones después de una tragedia[11]- por un verdadero sistema penal juvenil que, dotado de infraestructura, presupuesto, profesionales e insumos, aborde seriamente la realidad del delito adolescente.

Después de todo, en Occidente, por considerar nuestra parte del mundo, cuando alguien, por más niño que sea, comete un homicidio o viola a alguien, se lo separa de la sociedad, al menos por el peligro que representa y el riesgo en el que incurren todos los que deben convivir con él. No parece haber circunstancia más humana que esa, para trabajar con el delincuente.

Por lo tanto, y con todos los reparos del caso, quizá resulte una opción viable apostar a instituciones de calidad y antes que quedarnos en la cómoda queja indignada, mientras el Sistema sigue –no- funcionando.

 

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[1] El adolescente de 14  que falleció en diciembre pasado luego de unos días de internación como consecuencia de recibir un disparo en el rostro a manos de otro adolescente, de 15, que circulaba en moto con un acompañante, con quien venían escapando de la policía luego de perpetrar un robo.

[2] http://www.lanacion.com.ar/1990079-german-garavano-planteamos-reducir-la-imputabilidad-a-14-anos-para-delitos-gravisimos.

[3] En Buenos Aires, “entre 1999 y 2005, la población penal aumentó casi 80 por ciento. En lo tocante a niños, desde 1999 hasta 2007 las causas penales abiertas aumentaron de aproximadamente 20 mil a 32 mil. En 2012, según la Comisión Provincial por la Memoria, esas mismas causas penales sumaron 28.399”. Del Informe Comisión Provincial por la Memoria, Comité contra la Tortura, Informe Anual 2016, El sistema de la crueldad, capítulos 1 y 2.

[4] Constitución Nacional, Artículo 75 inciso 22, de la jerarquía constitucional, superior a las leyes de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por el país.

[5] Ley 23849/90, ratifica Convención sobre los Derechos del Niño.

[6] Esa edad fue establecida en la Ley 22.278 de 1980, que establece el Régimen Penal de Minoridad. Es una ley sancionada bajo gobierno de facto, y su aplicación rellena vacíos legales diversos, que dejan las normas legítimas citadas, de 2005.

[7] Ver, por ejemplo, la ley provincial 13298/05, del Sistema de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, que retoma las Reglas de Beijing, dictadas por Naciones Unidas.

[8] Informe Anual 2016, CPM, Comité contra la Tortura, capítulo 2, “Políticas de niñez en el encierro”.

[9] Idem.

[10] Se emplea en Canadá, entre otros países. Ver http://www.justiciarestaurativa.org/news/bfque-es-la-justicia-juvenil-restaurativa.

[11] La masacre de Quilmes. Cuatro adolescentes murieron prendidos fuego en una comisaría de ese municipio en 2004, lo que disparó la decisión de Solá de crear las instituciones para alojar pibes de forma rápida, sin pasar por comisarías, porque así lo indicaba la normativa internacional suscrita. http://www.clarin.com/ultimo-momento/condenan-policias-masacre-quilmes_0_rkG5ubKv7g.html

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